Escribo este texto desde la ética ciudadana, esa que cuestiona a profundidad la validez de los conceptos actuales ante el sufrimiento humano. No es una propuesta de acción, sino una reflexión necesaria sobre el orden mundial que habitamos. No considero ideologías ni posicionamientos geopolíticos partidistas; son preguntas de un ciudadano que busca cuestionar la realidad que hoy rige nuestra convivencia global.
La reciente acción de captura ejecutada por fuerzas estadounidenses contra Nicolás Maduro y su círculo cercano puede ser el inicio de un colapso sistémico en Venezuela, o bien, el preludio de un nuevo tipo de tutela si se concreta un entendimiento entre el interventor y la cúpula que permanece. Pero esto no es solo una operación de decapitación quirúrgica; es el caso con el que ponemos a prueba los cimientos mismos del orden mundial.
Debemos primero separar la retórica de los hechos: mientras Estados Unidos justifica su motivación en la captura del líder de una célula delictiva que inundaba de drogas su país, el régimen intenta usar la soberanía como un escudo de impunidad.
Como ciudadano, celebro sin reservas el debilitamiento de una estructura dictatorial que operaba como un cartel criminal, pero el fin de esta tiranía nos obliga a cuestionar quién tiene realmente el derecho de escribir el siguiente capítulo de una nación.
1. ¿Qué es primero: el Estado o el Humano?
La pregunta es cruda: ¿Están los valores universales por debajo de la soberanía? Históricamente, la soberanía ha sido un escudo infranqueable de los gobiernos, pero ¿puede un Estado invocar la «autodeterminación» para oprimir la disidencia, empobrecer al pueblo y perseguir opositores? Si los derechos humanos son, por definición, universales, su protección no debe detenerse en una frontera. Si la dignidad humana es el valor supremo, la soberanía no puede ser una licencia para la impunidad. Transitemos de la visión clásica de soberanía como un derecho de propiedad del gobernante hacia el principio legal de la Soberanía como Responsabilidad de Proteger al gobernado.
2. ¿Tiene valor la Carta de la ONU si no hay consecuencias para nadie?
Esta intervención pone en evidencia que el orden internacional basado en 1945 está obsoleto pues es incapaz de resolver sus propias contradicciones. La letra de la Carta de la ONU enfatiza la no intervención; pero su espíritu reafirma la fe en los derechos fundamentales y la dignidad humana. ¿Qué consecuencia tendrá Estados Unidos por violar la letra? Ninguna. ¿Qué consecuencia tuvo Maduro por violar el espíritu durante años? Ninguna. Ante instituciones de gran renombre pero impotentes, el mundo queda atrapado entre la inacción ante el crimen y la autocracia o la arbitrariedad del más fuerte. Esta impotencia institucional no es casual; nace de una confusión fundamental sobre la naturaleza del poder en el siglo XXI.
3. ¿Puede la soberanía ser una licencia para el crimen transnacional?
Debemos cuestionar si la soberanía nacional tiene límites cuando se trata de actividades criminales de alcance global o de pérdida de libertades y violaciones grandes y sostenidas a los derechos humanos. ¿Es válido esconderse tras la autodeterminación para proteger el narcotráfico desde el poder? El problema de fondo es que la arquitectura de la ONU fue diseñada en 1945 para mediar entre Estados legítimos, no para lidiar con actores no estatales o estructuras criminales que utilizan el ‘cascarón’ del Estado para fines delictivos. La ONU trata con diplomáticos, no con carteles disfrazados de gobiernos. Cuando una estructura estatal se fusiona con el crimen organizado, deja de ser una entidad política para convertirse en una amenaza a la seguridad global y deja de proteger al pueblo gobernado para ser un vil blindaje delictivo. Usar el concepto de soberanía para proteger a un cartel es la mayor traición al mandato constitucional y al contrato social.
Sin embargo, el riesgo de esta premisa reside en quién tiene la facultad de definir la etiqueta de ‘cartel’. Para evitar que la lucha contra el crimen transnacional se convierta en la nueva excusa del intervencionismo unilateral, la declaratoria de un ‘Estado Capturado’ no puede ser un juicio sumario de una potencia con intereses propios. Debe ser el resultado de un hallazgo judicial colegiado, basado en evidencias irrefutables de colapso institucional, asegurando que la justicia no sea el disfraz de una ambición geopolítica.
4. ¿Qué ocurre cuando el contrato social es anulado por el fraude?
En la teoría del contrato social, la obediencia del ciudadano no es incondicional: es un intercambio de lealtad por la protección de la libertad. Cuando el Estado se transforma en una autocracia, se rompe el pacto de sujeción, pues la República deja de servir a la voluntad general para servir a una facción. Cuando se agotan los medios legales y se recibe un fraude electoral sistemático —como ocurrió frente a la coalición de Machado y González— la República muere. Al capturar los poderes Judicial y Legislativo, el régimen anuló los contrapesos. El pueblo dejó de ser soberano para convertirse en rehén de un grupo sin legitimidad de origen ni de ejercicio.
5. ¿Soberanía de control o libertad de huida?
La ruptura del contrato social no es una abstracción; tiene un rostro humano y masivo en los 8 millones de venezolanos que han huido. En términos de derecho internacional, un Estado que expulsa a una cuarta parte de su población ha incurrido en una abdicación de su responsabilidad soberana. Si la soberanía reside originalmente en el pueblo, el éxodo masivo es el acto de retiro de consentimiento más grande de la historia moderna. No se puede invocar la soberanía de un territorio que el propio pueblo ha tenido que abandonar para preservar su vida y su libertad; la salida masiva es la prueba irrefutable de que la soberanía del Estado se volvió incompatible con la existencia del ciudadano. No se abandona la patria, la familia y el patrimonio por una simple diferencia ideológica; se huye cuando el Estado ha dejado de ser un protector para convertirse en un depredador sistemático. Es la prueba irrefutable de que la libertad y la dignidad humana habían sido asfixiadas mucho antes de que cualquier fuerza extranjera cruzara la frontera.
6. ¿Soberanía de recursos o patrimonio para la libertad?
Resurgirá con fuerza el debate sobre el petróleo venezolano. Pero cabe preguntarnos: ¿Es soberano un recurso que el régimen utilizaba como moneda de cambio para comprar protección de potencias extranjeras? La soberanía sobre los recursos naturales solo es legítima cuando sirve como base de la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Cuando el petróleo se convierte en el patrimonio privado de una cúpula para financiar su permanencia y su impunidad, la ‘soberanía’ es solo una etiqueta para el saqueo.
La retórica del régimen siempre fue que el petróleo ‘pertenece al pueblo’, justificando así la expropiación de la infraestructura que empresas internacionales —principalmente norteamericanas— construyeron durante décadas. Pero hay una diferencia abismal entre la soberanía de recursos y el saqueo de inversión. Al confiscar activos extranjeros sin compensación, el régimen no liberó al país; lo aisló y destruyó su capacidad productiva.
Cuando Estados Unidos habla de futuras inversiones en el sector petrolero, busca restaurar un principio de seguridad jurídica que el régimen pisoteó afectándolo de forma directa. Incluso se le aplicó ya a Venezuela una ‘cuarentena petrolera’: el uso de un bien nacional como palanca de asfixia externa para asegurar que quienes se quedan en el poder sean, en palabras del captor, ‘más obedientes’. Aquí reside el nuevo dilema: ¿Es la intervención un acto de justicia para recuperar lo que fue confiscado, o es la excusa perfecta para una anexión económica? La verdadera soberanía del pueblo venezolano depende de que los recursos se usen para reconstruir su libertad, no solo para pagar deudas históricas con el interventor.
7. ¿La intervención se legitima si el pueblo apoya al invasor?
Una pregunta clave es cómo determinar la voluntad ciudadana cuando los órganos de expresión y de elección han sido secuestrados. Si un gobierno víctima de intervención contara con el apoyo popular real, lo lógico sería ver a la ciudadanía levantarse inmediatamente para defender a sus líderes y rechazar al invasor. Por el contrario, cuando el pueblo muestra silencio o incluso alegría, el mensaje es inequívoco: el vínculo de legitimidad se había extinguido, el veredicto sobre el gobierno que ya los había abandonado. Cuando vemos que las estructuras de mando militar se muestran divididas o se repliegan ante una acción de captura tan específica, el mensaje es inequívoco: aquello no era un ‘Estado’ defendiendo su territorio, sino una estructura de intereses que, ante la fuerza técnica externa, prefiere el repliegue antes que la inmolación por un líder que actuaba más como jefe de negocios que como jefe de estado.
8. ¿Administrar un país, administrar su obediencia o devolver la soberanía al pueblo?
El riesgo de la intervención se vuelve crítico cuando el interventor asume el rol de «Gran Árbitro» de la voluntad ajena. Si el interventor decide quién gobierna, está confiscando la soberanía de ejercicio de los venezolanos. Estados Unidos ha sugerido que gobernará para que se lleve a cabo una transición ordenada y pacífica; pero al mismo tiempo ha desestimado a figuras como María Corina Machado y Edmundo González, alegando falta de apoyo y pocas condiciones para que éstos gobiernen, en la práctica lo que han hecho es desconocer el triunfo de González en las elecciones presidenciales pasadas.
Pero vayamos a la pregunta obligada, ¿quién le otorga esa autoridad al interventor? Si además de aprehender a un criminal, tenían como discurso colateral devolver la soberanía y la libertad al pueblo venezolano ante un estado fallido, la legitimidad no puede nacer de un decreto en Washington, y mucho menos de una estrategia que confiesa no querer administrar el país, sino ‘administrar la política’. Si la liberación de un pueblo se traduce en lo que el interventor describe como ‘administrar una política’ para asegurar la ‘obediencia’ de los funcionarios locales, entonces la soberanía de ejercicio ha sido simplemente confiscada por un nuevo actor. La obediencia se le debe a la ley y al mandato de las urnas, no al captor extranjero. Sustituir una dictadura interna por un protectorado externo no le devuelve el futuro a Venezuela; solo cambia el origen de su sumisión y valida el argumento de quienes ven en esta captura un acto de anexión encubierta. La soberanía de todo el territorio y sus recursos debe recaer exclusivamente en el pueblo venezolano.
9. ¿Sería más legítimo un órgano de gobernanza global colectivo con poder de ejecución?
Ante el fracaso del multilateralismo actual surge una pregunta que debemos atrevernos a plantear: ¿No es momento de cuestionar si una intervención global coordinada por un órgano de gobernanza colectivo reglamentado sería más legítima que la acción unilateral de una potencia? Esta reflexión nos obliga a reconocer las limitaciones de nuestras herramientas actuales, donde organismos como la Corte Penal Internacional o la CIDH operan de forma meramente declarativa, emitiendo sentencias que carecen de fuerza propia para ser ejecutadas, mientras que la Interpol funciona solo como un centro de coordinación que se detiene precisamente donde el gobierno en turno es el delincuente.
En este vacío de autoridad real, cabe preguntarse si es necesario poner sobre la mesa la posibilidad de una gendarmería multilateral especializada que funcione, no como un ejército de invasión masiva, sino como una fuerza táctica de élite multinacional bajo un mando judicial específico. ¿Podría existir un órgano diseñado para realizar capturas quirúrgicas y desmantelar los centros de mando de un Estado Capturado, donde las instituciones ya no sirven al ciudadano sino a los fines privados de una cúpula criminal o represora? Una fuerza de esta naturaleza no actuaría por el capricho político de un presidente, sino bajo una orden judicial técnica basada en la Responsabilidad de Proteger, con el único mandato de remover la amenaza criminal y asegurar que el poder regrese a manos civiles mediante procesos electorales vigilados colectivamente. Quizá la soberanía real no es la ausencia de extranjeros, sino la garantía institucional de que ninguna estructura, interna o externa, esté por encima de la libertad y la dignidad de los ciudadanos.
10. ¿Existe una «Tercera Vía» ante una posible nueva Guerra Fría?
Estamos entrando en un escenario global donde las potencias vuelven a usar a las naciones como piezas de ajedrez en un tablero de intereses comerciales y geopolíticos. Venezuela no es un caso aislado, Estados Unidos ha enviado un mensaje a toda la región. Cuando el interventor advierte a otros vecinos que deben ‘cuidarse’ o aceptar que el captor se ‘encargue’ de sus problemas internos, la soberanía latinoamericana entra en una nueva dimensión.
Ante esto, la pregunta es si estamos condenados a elegir únicamente entre la impunidad de una dictadura criminal o el intervencionismo unilateral de una potencia fuerte. La verdadera Tercera Vía no debe basarse solo en una diplomacia ciudadana que muchas veces no son más que buenos deseos, sino en una Soberanía Civil Transnacional capaz de activar mecanismos de presión y transparencia que el poder tradicional no pueda capturar.
Esta vía radica en fortalecer una sociedad civil que utilice la tecnología y los datos para desmantelar la narrativa del régimen y exponer, en tiempo real, las redes financieras que sostienen a los Estados Capturados. Debemos exigir un nuevo orden internacional donde la protección de la persona no dependa del humor político de un presidente extranjero, sino de una justicia global técnica y de un multilateralismo que responda a umbrales éticos automáticos. Venezuela nos advierte que el bienestar humano y el respeto a la ley deben estar blindados frente a los negocios de las potencias y la arrogancia de los dictadores; la Tercera Vía es, en última instancia, la organización ciudadana global para asegurar que ningún pueblo vuelva a ser moneda de cambio en una guerra de intereses ajenos.
Cuando la ‘Seguridad Nacional’ de una potencia se convierte en la única regla del juego, todos los vecinos quedan en riesgo. La Tercera Vía debe ser un bloque de defensa de la dignidad humana que exija que los problemas de seguridad regional se resuelvan con cooperación técnica y no con ultimátums que anulen la autodeterminación.
El debate que no debemos rehusar
Si la soberanía se reduce al derecho de un grupo de poder a actuar impunemente, entonces la soberanía es una cárcel. Celebro la captura de quien asfixió a una nación, pero cuestiono cualquier intento de tutelar su futuro desde afuera.
Mientras tanto, dejo estas preguntas para el debate:Pareciera que el mundo nos obliga a elegir «el menor de los males». ¿Qué es peor: la intervención externa con intereses o la continuación eterna de un régimen represor? Mientras tanto, dejo estas preguntas para el debate:
- Ante el fraude electoral recurrente, ¿tenía el pueblo venezolano alguna alguna vía real para recuperar su República y liberar al pueblo o solo les quedaba aceptar la ayuda extranjera?
- ¿Es la falta de resistencia popular una señal de que el concepto de «soberanía» ya no beneficiaba a los ciudadanos, sino solo al gobierno?
- ¿Qué organismo internacional debería vigilar, y con qué mecanismos, la transición para asegurar que Venezuela no se convierta en un gobierno títere de Washington?
- ¿Quién legitima a quien gobierna tras la caída: el interventor o el pueblo que sobrevivió al fraude?
- ¿Es válido que una potencia capture a un gobernante si la justicia interna fue anulada por el propio acusado?
- ¿Cómo asegurar que el petróleo regrese a los ciudadanos y no sea el pago de la factura de guerra?
- ¿Es reconocible que un pueblo, en ejercicio de su autodeterminación, decida ‘doblarse’ ante su propio gobierno y acepte renunciar voluntariamente a sus libertades y bienestar a cambio de otro supuesto bien?
- ¿Qué es más peligroso para la paz mundial: una autoridad multilateral reglamentada que puede remover a un criminal de Estado, o un sistema que permite que cualquier potencia intervenga a su antojo cuando sus intereses comerciales se ven afectados?
- ¿Existe un límite ético para la autodeterminación si lo que se elige es la sumisión total y la pérdida de derechos fundamentales que son, por definición, irrenunciables?
- ¿Hasta qué punto es legítimo que una nación intervenga militarmente para proteger la propiedad y las inversiones de sus ciudadanos cuando éstas han sido confiscadas por un régimen que anuló su propio sistema judicial?
- ¿En qué momento la defensa de los intereses económicos de una potencia cruza la línea y se convierte en una violación de la autodeterminación de un pueblo?
- ¿Puede haber verdadera libertad para los venezolanos si el precio de su liberación es la hipoteca de sus recursos naturales a perpetuidad?
- ¿Es la ‘administración de la política’ externa una forma de liberación o simplemente una tercerización de la soberanía donde el dueño cambia pero el pueblo sigue sin mandar?
- Si la ‘obediencia’ al captor es el nuevo requisito para la estabilidad, ¿estamos asistiendo al fin del derecho internacional y al inicio de una era de ‘soberanías condonadas’ por las potencias?
Al final, el silencio ante estas preguntas es la única respuesta que garantiza que el ciclo de impunidad y arbitrio se repita. Venezuela nos ha puesto frente al espejo: el dilema no es quién tiene la fuerza para intervenir, sino quién tiene la autoridad moral para asegurar que la libertad no vuelva a ser moneda de cambio entre potencias y dictadores. La verdadera frontera que debemos defender no es la que divide a los países, sino la que separa nuestra indiferencia del destino de quienes hoy claman por libertad.
